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Otro fastidioso escándalo para los honorables congresistas de Colombia, se destapó esta semana, desde la antigua Grecia no se había conocido tan viles acusaciones, pero es cierto, la corte suprema de justicia, el mayor ente del derecho y el delito nacional, tiene una enorme "ballena", o "ballenato" que investigar, nada más y nada menos que el propio presidente del senado, Juan Diego Gómez Jiménez, investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Según Noticias UNO, el senador Gómez y su hermano David Orlando Gómez Jiménez, actual presidente de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entidad vinculada estado con inversión privada, se reunieron el 17 de marzo de 2022 para concretar negocios con bienes en extinción de dominio, razón por la cual la Corte Suprema investiga, si los bienes raíces vendidos o negociados, salpican de corrupción al Congresista, y han pasado a las arcas de la familia Gómez Jiménez, toda vez que la denuncia contra el presidente del Senado, reposa en el despacho de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.
Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad que administra los bienes en extinción de dominio, dijo que desconocía la denuncia ante la Corte Suprema y que no ha sido notificado de alguna investigación en su contra. Ávila afirmó que no es cierto que el senador Juan Diego Gómez haya comprado bienes de la entidad, pero no desmintió la reunión del 17 de marzo.
Si se comprueba que el presidente del senado compró bienes de extinción de dominio con dinero propio o por interpuesta persona (testaferrato); tendrá que vérselas con el código penal, que cita el Artículo 327. "Enriquecimiento ilícito de particulares":
El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Más claro, hasta 15 años de prisión y hasta 50 mil millones de pesos. Unos 1452 sueldos del Senado, (34 Mill) para ser más exactos, debería pagar si es hallado culpable con su sueldo actual, 34 Mill, 121 años, es decir 1470 meses de sueldo de senador al estado.
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