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Se calcula que la norma emitida por el Jefe de Estado, que ya es una orden para todas las entidades, dijo Lizcano, permitirá un ahorro de “un billón de pesos anuales solo en el cumplimiento de esta Directiva Presidencial. Además, trae temas de lucha contra la corrupción muy fuertes que, yo creo, es un buen mensaje para la opinión pública”.
El Director del DAPRE señaló que las medidas incluyen una reducción del 30% de los contratos de prestación de servicios del Gobierno Nacional, los cuales estarán condicionados a que en determinados casos “el Estado solo podrá contratar A una sola persona” cuando se trate de actividades de apoyo a la gestión pública.
En los casos de estudios para la viabilidad de un proyecto, el Estado deberá verificar si hay análisis o evaluaciones previas.
Así, agregó el Director Lizcano, se podrá “eliminar todo lo que tiene que ver con las ferias de estudios que nunca llevan a ningún proyecto”.
En los contratos administrativos o interadministrativos también deberán tener una justificación sustentable para saltar la Ley 80 o Ley de Contratación.
La Directiva también cuenta con medidas para establecer con precisión posibles conflictos de intereses, el uso riguroso de la plataforma SECOP para le ejecución contractual en las compras, en la adquisición de bienes y en los esquemas de acuerdos marco y el cumplimiento de reportes mensuales por parte de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente.
De la misma manera, se prohíbe la indemnización de vacaciones, por lo que los empleados y funcionarios deberán cumplir con sus periodos de vacaciones en cada anualidad, se implementarán sistemas de ahorro de viáticos, se eliminarán los vehículos oficiales para asesores y se controlará la austeridad en gastos como arrendamientos y publicaciones.
prohíbe la indemnización de vacaciones, por lo que los empleados y funcionarios deberán cumplir con sus periodos de vacaciones en cada anualidad, se implementarán sistemas de ahorro de viáticos, se eliminarán los vehículos oficiales para asesores y se controlará la austeridad en gastos como arrendamientos y publicaciones.
una reducción del 30% de los contratos de prestación de servicios del Gobierno Nacional, los cuales estarán condicionados a que en determinados casos “el Estado solo podrá contratar A una sola persona” cuando se trate de actividades de apoyo a la gestión pública.
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